LOS IMPEDIMENTOS DEL GOBIERNO

La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) opera con un presupuesto precario desde hace mucho que se torna paupérrimo con la inflación galopante y con las enormes responsabilidades que le fueron impuestas con la aprobación de la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos mediante la Ley 238 del 2004.

El diseño de esta ley de nuestra autoría incluyó entre muchos otros aspectos la obligación de todo ente gubernamental de preparar un Plan Estratégico donde con arreglo sistemático se organizarían los recursos y servicios de cada entidad para garantizar y dar vida a los derechos reconocídoles en la carta a casi una cuarta parte de nuestra población.

Luego de un esfuerzo enorme que incluyó la designación de enlaces y de educadores, 111 agencias y 78 municipios sometieron sus planes estratégicos. Este renglón de los muchos que incluye la Carta de Derechos requirió duplicar y hasta triplicar el producto del trabajo de la OPPI durante el año 2005, pero particularmente en el 2006 y 2007. Supuso un aumento significativo de intervenciones y asistencia técnica por parte de OPPI como, por ejemplo, de 1,700 talleres de capacitación ofrecidos por esa agencia en el 2004 aumentaron a 3,649 en el 2007, y de 208 reclamos de asistencia técnica en el 2006, aumentaron a 536 reclamos de asistencia técnica. Todo ello en el marco de un presupuesto asignádole menguante.

Durante el pasado año fiscal, la OPPI vio como un presupuesto a todas luces insuficiente fue encogido una vez más reduciéndosele otros $150,000 dólares. La cruda realidad es que OPPI necesita mínimamente esa cantidad, y cerca de 1.6 millones de dólares adicionales para enfrentar precariamente los costos de un crecimiento geométrico en sus servicios de orientación, educación, evaluación y fiscalización de cerca de una decena de programas, que incluye el que fue creado (CADPI) para dar seguimiento al cumplimiento de los planes estratégicos. Incluye además una partida de más de $600,000 dólares para preparar un plan de clasificación y para negociar cláusulas económicas con la unidad apropiada consistente de 84 empleados del que vendría a ser el primer convenio colectovo en los más de 20 años de existencia de esta procuradoría.

A pesar de esta realidad harto conocida, la Oficina de Gerencia y Presupuesto recomendó un presupuesto que es por lo menos un millón setecientos cincuenta mil dólares menor al que se requiere.

Se trata de una insenbilidad e insensatez de marca mayor que se agrava ante un hecho notable: más de la mitad de los empleados de OPPI son personas con impedimentos, quienes están en el grupo de los peores pagados en todo el gobierno.
La ironía no puede ser más brutal pues se ha entronizado un discrimen salarial estructural contra esos empleados mal pagados quienes han tenido que hacer "de tripas corazones" para enfrentar los retos de la Carta de Derechos de este grupo.
No me cabe la menor duda que como en tantos otros casos sobre este tema el gobierno ha demostrado estar impedido de entender y de atender estas realidades.

La Asamblea Legislativa tiene que cerrar urgentemente esa gravísima brecha fiscal que amenaza con detener el progreso alcanzado echando y dejando a su suerte a una cuarta parte de nuestra población.