AHI VIENE EL SHERIFF

Un titular de la prensa escrita hoy anuncia la noticia de que un Alcalde fue encontrado culpable de violar los derechos de un constructor. La escribe el periodista Javier Maymí del San Juan Star y detalla un procedimiento judicial en la corte imperial donde al Alcalde Héctor O'Neill se le responsabilizó de violar los derechos del contratista a cargo de construir el edificio nuevo de la Alcaldía de Guaynabo. La sentencia es por $435,000 dólares y la mayor parte de la suma tendría que ser pagada por el Alcalde de su propio bolsillo según lee la noticia.

Es un hecho común y lamentable la multiplicidad de demandas por violación a derechos civiles que se presentan contra los municipios y las agencias. Hace algunos años solicité al Contralor cuando iniciaba sus funciones, que hiciese un inventario de cuántas demandas y sentencias recaían anualmente contra las arcas públicas por estas causas. El dato más reciente revela que se pagan por el gobierno cerca de 30 millones anuales en sentencias judiciales de este tipo, lo que no incluye los costos de la litigación.

Este número contrasta marcadamente con la exigua cantidad de dinero que se asigna a la Comisión de Derechos Civiles en su presupuesto anual que apenas sobrepasa el millón de dólares. Es decir, que se destina a la educación, promoción y defensa de los derechos civiles por el estado, una treintava parte de lo que se paga en sentencias anualmente; a razón de 25 centavos anuales por habitante. Hace unas semanas el municipio de Adjuntas fue sentenciado a pagar el equivalente a más de diez veces ese presupuesto anual de la Comisión de Derechos Civiles en un caso de despidos.

Pero la noticia de hoy, que seguramente pasará desapercibida, describe una conducta del Alcalde de Guaynabo que lo sitúa a años luz de distancia del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Conforme a la noticia, existían diferencias entre el Municipio y su Alcalde con el contratista, quien se dispuso un día a dar los toques finales a la lista de cotejo de la obra.

Aquí fue cuando llegó el Sheriff tipo película de Hollywood del Viejo Oeste. Se halló probado que el Alcalde se personó junto a un contingente de al menos seis patrullas llenas de oficiales de la policía municipal, algunos de los cuales portaban armas de asalto, tres motocicletas y dos vehículos four track… Una escena más típica de Bagdad que de la ciudad con los letreros municipales en inglés.

Según la demanda, sigue diciendo el San Juan Star, el Alcalde O'Neill ordenó a los oficiales municipales a pararse sobre el trabajo que se estaba completando incluyendo una plataforma de cemento fresco mientras se continuaba manteniendo a los empleados del contratista bajo ¨arresto¨. Según la demanda original, dice el San Juan Star, el ejecutivo jefe de la compañía demandante se presentó al lugar y fue insultado por el Alcalde. Cuatro horas después del inicio del episodio los empleados fueron soltados, pero el municipio retuvo propiedad de la compañía demandante, y de acuerdo a lo argumentado por sus abogados, O`Neill y otros oficiales llamaron a subcontratistas para inquirir sobre sus relaciones con la compañía demandante, para supuestamente obstruir contratos potenciales.

Ningún alcalde tiene facultad en ley para de la vaqueta hacer lo que se alega hizo O'Neill. Ninguno está autorizado a utilizar la policía municipal como fuerza de choque para dirimir diferencias contractuales, tomando por asalto un proyecto de construcción, arrestando a los trabajadores que allí laboran y deteniéndoles por cuatro horas. Como tampoco está facultado un alcalde para quedársele con parte del equipo a un contratista y menos aún para intentar interferir con sus relaciones contractuales.

El Alcalde pudo haber acudido al Tribunal y obtener aquellas órdenes judiciales para proteger los intereses del Municipio, que diligenciadas por alguaciles hubiesen servido para garantizar cualquier derecho del Municipio y de sus habitantes.

Según la noticia del Star, la sentencia de $435,000 dólares la tendría que pagar el Alcalde mayormente de su bolsillo.

Releo la noticia, a la página 9 de la edición de hoy y no puedo creerlo.
Vaqueta style, en Guaynabo City. Tenga mucho cuidado, pues sin atenerse al debido proceso de ley puede sucederle que por ahí venga el Sheriff.