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PUERTO RICO: BEIJING 2008

El viernes 22 de agosto solo quedaban dos atletas en Tae Kwon Do con la esperanza de Puerto Rico en sus hombros para lograr una medalla. A las 7:15am pudimos ver a Asunción Ocasio Rodríguez luchando por el bronce. En el segundo round se lesionó la rodilla pero continuó hasta el final, aunque era evidente que su lesión la puso en desventaja. Todos los que apreciamos la actividad deportiva y los que en ella participan, estabamos pendientes de verla subir al podio con una presea, del color que fuera.

Mucho se ha comentado y opinado sobre el desempeño de nuestros atletas en esta olimpiada. Días atrás tuvimos otra decepción en el boxeo. No nos decepcionó el púgil, nos decepcionó el resultado, porque esperabamos un resultado diferente. Estamos orgullosos de los deportistas, pues sabemos que sacrificaron mucho para llegar hasta el escenario olímpico. Escenario al que no se llega sin antes dejar muchas horas y días de trabajo en el entrenamiento, sacrificando la vida social y actividades con familia y amigos.

Luego de terminada esta gran reunión deportiva es conveniente pasar juicio crítico y revisar los resultados de nuestra delegación. Corresponde a las Federaciones y a los entes gubernamentales del deporte, revisar la efectividad de los programas de ayudas para los atletas. No queremos eliminar esas ayudas, por el contrario, debemos revisar cómo lograr que los resultados de nuestros atletas a nivel internacional, justifiquen la inversión que en ellos se hace.

Cuantificar lo invertido en la preparación de los atletas sin analizar en qué se ha fallado o no se ha sido efectivo, puede llevarnos a expresiones injustas para con ellos y sus entrenadores. Es probable que en el análisis surjan detalles que deben ser revisados para arreglarlos, modificarlos y hasta descartarlos. Lo importante es que modifiquemos las políticas de ayuda y preparación de nuestros atletas con arreglo a un desarrollo paulatino de excelencia, sin descuidar la masificación del deporte.

Es responsabilidad del gobierno mantener las ayudas vigentes para nuestros deportistas. Corresponde al Comité Olímpico y sobretodo a las Federaciones Nacionales asegurar las condiciones necesarias y un régimen de trabajo para que sus integrantes logren y mantengan un nivel óptimo de preparación. Los deportistas deben retomar con entusiasmo su preparación con miras a llevar nuestras delegaciones a demostraciones no solo dignas, sino también destacadas.

Mientras se lleva a cabo toda esa actividad evaluadora, debemos tener visión de futuro y comenzar a identificar y preparar a los que dentro de uno o dos lustros serán nuestros atletas destacados. Cumplir ese objetivo solo será posible, si nuestra escuela otorga a la educación física, el lugar que le corresponde. Hoy tenemos buenos y destacados atletas a pesar de que algunos de ellos no tuvieron una base sólida de educación física. Imaginense cuál será el cuadro si comenzamos con educación física para todos nuestros estudiantes. Entiendo que nuestra población será mas saludable y nuestro futuro deportivo mucho más auspicioso.

Vaya nuestro reconocimiento a los atletas que participaron en la Olimpiada, a las personas que los adiestraron y a las familias y amigos que los apoyaron. Reconocemos además, a los distinguidos puertorriqueños que cumplieron la difícil tarea de ser jueces en las competencias de esta Olimpiada, entre ellos, Juan V. Rodríguez Díaz y Carlos Rey Cotto en beisbol y Víctor Rodríguez en Volibol. Tarea, que para orgullo de Puerto Rico, ha sido evaluada positivamente.

Reclamo a Favor de la Tercera Edad

En Puerto Rico existe una gran cantidad de personas que están próximos a acogerse a la jubilación y que por razones de distinta naturaleza, no pudieron terminar de pagar o cotizar el mínimo requerido de cuarenta trimestres para ser partícipe pensionario del Seguro Social.

Según datos del Censo del año 2000, en Puerto Rico existen cerca de 518,249 mil quienes son personas de 62 años o más de una población aproximada de 3,808,610 individuos, ellos equivalen al 13.6%. Ese grupo se divide en 229,550 (44.3%) que son varones y 288,699 (55.7%) mujeres. Según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en el año 2004, se estimó que alrededor de 33,000 personas de 65 años o más estaban trabajando.

El mejoramiento de la calidad de vida de todos los puertorriqueños es un compromiso y una responsabilidad de todos. Con el pasar de los años, el incremento que representa el aumento en la expectativa de vida provocará que la población de edad avanzada en la Isla alcance tasas porcentuales cada vez más altas en proporción a la población de menor edad. Asimismo, algunos estudios proyectan que para el año 2020 las personas de 65 años o más podrían constituir el 16.1% de la población total de Puerto Rico.

Bien es sabido que las necesidades específicas de este sector incrementan con el correr del tiempo pues la longevidad no está exenta de condiciones y enfermedades prevalecientes significativamente visibles en este sector de la población. Las principales causas de muerte en personas de edad avanzada se derivan de condiciones del corazón, hipertensión, tumores malignos, neumonía y diabetes. A éstas, se le suman condiciones asociadas al género como lo son la osteoporosis, el cáncer del seno o el cáncer de próstata. Muchos de los medicamentos que se requieren para tratar estas condiciones y que conllevan tratamiento continuo y de mantenimiento, tienen altos costos mientras que el ingreso de este sector es uno limitado.

Según el estudio de Ingresos y Gastos del Departamento del Trabajo, el porcentaje de personas de edad avanzada que viven en un nivel de pobreza en la Isla es de 63%, de los cuales el 79% reside en zonas rurales y el 56% residen en áreas urbanas. En consideración a la necesidad de muchas personas de edad avanzadas (gerentes) de completar los 40 trimestres cotizados al Seguro Social para ser merecedores a una pension, radicamos el Proyecto de la Cámara 119 que se convirtió en la Ley Núm. 17 del 23 de enero de 2006. Se establece asi una política pública dirigida a promover el empleo prioritario de personas elegibles para completar el mínimo necesario cotizado para adquirir el derecho a una pensión del Seguro. Esto a los fines de garantizar la disponibilidad de recursos económicos para ellos y mejorar su calidad de vida.

La Ley transforma la política pública de empleo en Puerto Rico -tanto en el sector público como el privado- condicionando que al menos uno de cada diez nuevos empleos se reserven para personas de 62 años o más, que no hayan cotizado el mínimo requerido por trimestre que da derecho a una pensión de Seguro Social, y que hayan acumulado al menos 27 trimestres de los 40 trimestres requeridos. En el caso del sector privado, aplicaría a aquellos empleos generados con subsidios gubernamentales.

Luego de dos años de aprobada esta ley, el Gobierno de Acevedo Vilá no ha hecho nada para implantarla, dejando de crear empleos y por lo tanto inhabilitando a cientos de personas de edad avanzada de mejorar sus condiciones de vida al completar y obtener una pensión del Seguro Social. Al parecer a esta administración, le ha importado poco lo difícil que les resulta a las personas de edad avanzada ser reclutadas en un trabajo. Esta administración no se ha dado cuenta que al hacer cumplir esta ley hace frente a esta necesidad urgente y ayuda a un grupo poblacional que seguirá creciendo.

Esta Ley de nuestra autoria va dirigida a las necesidades inmediatas de decenas de miles de puertorriqueños mayores de 62 años que no completaron los 40 trimestres acumulados exigidos por el Seguro Social y que, por tal razón, se han visto en la disyuntiva de mantenerse trabajando o perder la oportunidad de recibir una pensión, auque sea modesta, para sus años de retiro.

El Síndrome de Alcoholismo Fetal - ¿Cómo Prevenirlo?

Noventa días contados a partir del 2 de junio, es decir el 31 de agosto, entra en vigor la Ley Número 79, el esfuerzo más importante en años para educar a las futuras madres y prevenir preocupantes condiciones de salud en la población. Se trata del Síndrome de Alcoholismo Fetal o más recientemente conocido como el Espectro de Desórdenes de Alcoholismo Fetal.

La Ley 79 dispone en esencia: “… que todo negocio que expenda, venda o donde se consuma bebidas alcohólicas, deberá ubicar, en lugares visiblemente prominentes, carteles que adviertan sobre los efectos nocivos de ingerir alcohol en mujeres de edad reproductiva que planifiquen quedar embarazadas o estén embarazadas; las consecuencias de que su bebé pueda adquirir el Síndrome de Alcoholismo Fetal; … ”. Establece penalidades para los negocios que incumplan con sus disposiciones, y faculta al Departamento de Salud y al Negociado de Bebidas Alcohólicas del Departamento de Hacienda para hacerlas cumplir. Crea, además, una línea de ayuda y orientación.

Esta ley de nuestra iniciativa conjuga el esfuerzo de la comunidad salubrista y del gobierno para atender los efectos asociados al consumo de alcohol que afectan al feto durante la gestación y que pueden repercutir durante toda la vida. El alcohol provoca desórdenes asociados más severos cuando se ingiere durante las primeras 3 a 8 semanas del embarazo, que coincide con el momento en que muchas mujeres desconocen su estado.

Según estudios realizados por ASSMCA, en el 2002 la distribución por edad de mujeres que consumen alcohol era: 15 a 17 años – 49,566; 18 a 24 años, 150,301; 25 a 34 años, 182,728; 35 a 64 años, 384,965. Nótese que para estos datos del 2002, el núcleo correspondiente a mujeres en edad reproductiva que consumían alcohol ascendía a 382,595.

En el 2002 el Programa de Evaluación de Necesidades de Servicios para el Abuso de Sustancias, ASSMCA, realizó un estudio que reflejó que las mujeres entre 15 a 64 años que habían ingerido alcohol fueron 767,559. De estas, 60,491 estaban embarazadas y 388,378 tenían hijos.

Es imperativo educar sobre las características del Síndrome de Alcoholismo Fetal pues ingerir alcohol pone en riesgo la salud de los futuros bebés de quienes están por embarazarse ó de las que ya están embarazadas. Entre los desórdenes asociados al SAF están: retardo mental, hiperactividad, déficit de atención, problemas musculares y del esqueleto, deformaciones, defectos faciales, microcefalia, problemas auditivos, problemas de aprendizaje, desórdenes de alimentación, entre otros. Los niños pueden padecer varias condiciones simultáneamente, y algunos durante toda la vida.

El SAF tiene además consecuencias económicas devastadoras. En Estados Unidos se ha estimado que cada individuo requerirá entre $800,000 y $1.2 millones de dólares para su atención y tratamiento durante su vida.

La Ley 79 debe sumarse a una política pública dirigida a eliminar la incidencia de casos del SAF y a orientar sobre lo negativo a la salud que resulta el alcohol para la familia puertorriqueña. Forma parte de lo que debe ser una concepción general no sólo para concienciar sobre el alcoholismo, sino sobre los peligros a la salud y seguridad por su consumo. Previene también los daños a la salud y a la calidad de vida de cientos de infantes que nacerán cada año.

Como hemos explicado, la ley obliga a que cada negocio que expenda, venda, o donde se consuma bebidas alcohólicas ubique en lugares visibles carteles que eduquen a las mujeres sobre este Síndrome.

Se entiende por lugar visible (Art. 2, Ley 79): “…la entrada del negocio, la caja registradora, los anaqueles donde ubique la bebida expuesta al consumidor, el área de servicio y baño de damas, paredes y espacios libres de otra propaganda que impidan ver los mismos, entre otras.”

Para el caso de restaurantes o cafeterías en donde se provee un menú con listado de bebidas, deberá incluirse una línea declaratoria en ese espacio que advierta sobre los efectos de ingerir alcohol sobre el bebé y la posibilidad de adquirir el SAF. (Art. 3)

El Artículo 4 detalla, aunque no limita, la información que será provista por el Departamento de Salud y ASSMCA. Esta última será responsable de preparar el rótulo, hacerlo disponible, e incluir y administrar un número telefónico donde solicitar orientación y ayuda.

El Artículo 5 faculta al Departamento de Salud y al Negociado de Bebidas Alcohólicas a intervenir, sancionar y multar a comercios que incumplan con la ley.

El Artículo 6 dispone que los ingresos provenientes de multas se destinen a esfuerzos de prevención sobre los efectos de consumir alcohol en las mujeres y sus fetos, que serán custodiados por ASSMCA.

La Ley 79 para prevenir y evitar el Síndrome de Alcoholismo Fetal es el instrumento legislativo más reciente para promover la salud pública y la calidad de vida en el futuro de miles de puertorriqueños.

DOS LUCHAS

Durante las últimas semanas, más allá del deseo y de la superficialidad oficialista, se libran manifiesta y públicamente dos luchas de profundas raíces y repercusiones. La Huelga Magisterial y el movimiento “No a la 99” han conseguido acaparar el espacio público de atención aunque el lente de la frivolidad bajo el cual se construye la opinión pública no haya podido rozar siquiera los valores fundamentales que están en juego.

Decir raíces es decir historia, decir repercusiones es hablar del presente y del futuro. Las raíces de la Huelga Magisterial se profundizan en el suelo movedizo de la “educación colonial”, formidable contradicción en términos. Las raíces del movimiento “No a la 99” rebasan por mucho los tiempos del origen del Estado moderno y se adentran a la definición misma de la persona y de la libertad humana.

Nuestro sistema educativo colonial es uno corrupto, politizado e incapaz de cumplir o lograr los objetivos que se traza. El Departamento de Educación es una gran cartera quebrada a dentellazos; es un reproductor ideológico del conformismo y del estancamiento, y un enorme centro del trapicheo de las influencias politiqueras territorialistas. Ha sido así por décadas. Mientras algún Secretario se ha robado el dinero, otros han conseguido matarle la esperanza.

La escuela es un lugar de enormes sacrificios y privaciones, el Distrito Escolar es un enjambre de abusos y arbitrariedades; la Región Escolar encausa y encubre la corriente de ineptitud burocrática, y congela y absorbe cualquier impulso de cambio. El Secretario que lo dirige – llámese como se llame – se posa sobre un cuerpo inerte que aplasta el potencial de gran parte de nuestra juventud y que cercena el enorme recurso creativo que representa el cuerpo magisterial.

De ahí que igualmente aplastante resulten las estadísticas. Cerca de la mitad de los estudiantes no se gradúan de cuarto año. La mitad de los que no han sido abandonados por la escuela no logran adquirir al cabo de los años las destrezas básicas. El Departamento de Educación Colonial como estructura y como órgano cumple fielmente el cometido de perpetuar la dependencia. Cada día de esfuerzo magisterial y estudiantil supone el éxito menguado de algunos y el estancamiento de la mayoría.

Quien haya querido proyectarle al país que la lucha del magisterio es una “pesetera”, ha querido borrar el hecho básico de que los maestros en Huelga luchan por una escuela distinta con condiciones de trabajo, recursos y procedimientos que valoricen y viabilicen la calidad de lo que es para la niñez y la juventud un derecho.

Ese derecho tiene que ser pleno. No puede cifrarse en repetir lo que continuamente fracasa. No puede nutrir el conformismo ni la abulia, ni puede servir para perpetuar un sistema mediocre y absurdo que dilapida potenciales y recursos en su torpe y asfixiante repetición.

Algunos en Puerto Rico claman públicamente por el retorno a la normalidad en las escuelas, como si tal normalización enfrentara de alguna manera los profundos problemas del inerte sistema educativo. Se trata de que no se discuta a fondo el problema central. Se trata de la “normalidad” del sepulcro, pues hace demasiado tiempo que el Departamento de Educación ha ido matando la educación y ha estado robándole a los estudiantes, a los maestros, a las familias y al país, no sólo la esperanza, sino lo que debe ser su proyecto de futuro para ser libre y competir en un mundo difícil.

En la otra orilla del cauce de la discusión pública de estos días está la evaluación que no se quiere que haga la Cámara de Representantes de la Resolución Concurrente del Senado 99. Esta medida de encargo “pastoral” fue aprobada irreflexiblemente por el Senado – con dos honrosos votos en contra, incluido el de mi contraparte del PIP allí, María de Lourdes Santiago – el pasado 7 de noviembre.

La medida no sólo es técnicamente un amasijo de disparates que chocan contra el proceso de enmienda constitucional establecido en el Artículo VII, sino que es además un barrecampo que barrena y dilapida en su diseño estructural y propósito el Artículo II (Carta de Derechos), y que atenta contra varios derechos contenidos allí y contra las garantías básicas del debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y la separación de Iglesia y Estado.

Se trata de un acto de sabotaje de la Cámara de Representantes paradójicamente moralista, para instalar en ese texto doctrinas de fe religiosa. Algo que está proscrito enteramente, no por capricho, sino por dura experiencia histórica de milenios de persecución por razón de pensar la vida, el mundo, a Dios Padre de manera distinta. Se respira la oficialización de la doctrina y el peligro inminente de que se abra la puerta a más división, más discriminación y más persecución. Examínese, a manera de ejemplo, los casos de las cientos de miles de personas que han vivido en concubinato, y en los cientos de miles de hijos producto de esas parejas que podrían se víctimas potenciales contra lo que advertimos.

Los proponentes de la medida sienten que les anima un propósito noble. Sin embargo, en esta materia como en otras, la nobleza de intención contrasta con siglos de desastre histórico.

Es necesario que el calendario politiquero aplanador pre-primarista no se imponga frente al espacio de reflexión urgente para prevenir que la Resolución Concurrente del Senado 99 salga del filtro legislativo. Sería una vergüenza que algo tan divisivo y cáustico a la aspiración democrática sea sacado hacia las urnas. Si tal cosa sucediere, no tenemos duda de que los tribunales lo invalidarán antes de llegar a las urnas. Pero el precedente de aprobarla en el Capitolio sería deshonroso y retrógrado como forma y como contenido.

Ciertamente los eventos de la pasada semana y las dos luchas que hemos reseñado constituyen un espacio de reflexión que debería desarrollarse más allá del frivolizar cotidiano al cual nos condena la co-dependencia colonial.

CALCULOS QUE HIEDEN

En otro de esos cálculos suyos que hieden, el Gobernador le asesta nuevamente un golpe a la libertad de expresión y asociación pretendiendo borrar de un manotazo a la Federación de Maestros.

Valiéndose de una decisión retrógrada de una mal llamada Comisión del Trabajo para el Servicio Público, la administración popular ha conseguido por el momento descertificar a la Federación de Maestros. Una resolución de 48 páginas, tributo a la orfandad de fundamento, sirve de guillotina y verdugo cómplice a la administración manipuladora del señor Acevedo Vilá. No debe extrañarnos, pues hace veinte años cuando era imberbe, con precoz vocación manipuladora, escribió como asesor del entonces gobernador Rafael Hernández Colón un curioso memorando aduciendo el carácter manipulable de los sindicatos. Hoy, aquel asesor, ahora gobernador, protagoniza su propio libreto febril en un drama que entra a su cuarto año con este pretendido descabezamiento a la Federación de Maestros de Puerto Rico.

Como sabemos, Acevedo Vilá por medio de la manipulación ha querido dividir el sindicalismo en dos campos. Por un lado está el sindicalismo bobo o dócil representado por seudo líderes que aplauden y abrazan impuestos permanentes como el IVU a cambio de reconocimientos y migajas. Por otro lado, está el sindicalismo vertical y de denuncias a la corrupción administrativa, a las contribuciones explotadoras, al régimen de privilegios corporativos, es decir, el sindicalismo que no se cansa, ni se rinde, ni claudica. A este último grupo pertenece la Federación de Maestros, quien ha prevalecido en las urnas frente a una asociación de corte y manufactura patronal aliada de facto al PPD y a su Gobernador en la agenda divisiva del precoz libretista y hoy actor manipulador Acevedo Vilá.

Para la Federación de Maestros, la fórmula del Gobernador es nuevamente la del cierre. Así como cerró el gobierno por dos semanas -ilegalmente y a la cañona- quiere cerrar el sindicato; cerrar la negociación largamente dilatada por su administración; cerrarle el paso a más de dos mil líderes del magisterio proscribiéndolos de actividades sindicales.

Se trata de una visión muy consecuente contra el sindicalismo crítico al cual hay que amordazarlo a como dé lugar, aunque el precio a pagar sea la demolición del edificio de la libertad de expresión y asociación (el único edificio que Acevedo Vilá está dispuesto a demoler).

El antisindicalismo encarnado en la descertificación de la Federación de Maestros no es distinto en su naturaleza a otras fechorías antisindicalistas de Acevedo Vilá y su administración. Va para tres años que se acordó una negociación entre la AAA y la Unión Independiente de la AAA y la administración se obstina en no firmarlo. Del mismo modo fuimos testigo de la fracasada fabricación de un caso de terrorismo contra la UTIER cuando a la Autoridad de Energía Eléctrica se le quemó la termoeléctrica de Palo Seco.

La Ley 45 del 1998 prohíbe la huelga. Usted no puede irse a huelga y marcharse a promoverla. Ese mandato de la ley, a mi parecer incorrecto y cuestionable desde el punto de vista constitucional, ha sido interpretado ilegal e inconstitucionalmente por la Comisión del Trabajo en el Servicio Público como una autorización para castigar aún antes de una huelga a la matrícula de un sindicato que la apoya en Asamblea.

Es decir, castiga por abogar por un método de lucha sindical, castiga por debatirlo y expresarse a favor de ese método, castiga a sus funcionarios y delegados por manifestarse a favor de una huelga aunque no haya habido la tal huelga. De paso, castiga a toda la matrícula del sindicato por deliberar o votar la cuestión incluyendo a los que no intervinieron y a los que no asistieron a la Asamblea.

Se trata del Cadillac de la represión sindical, de una mordaza dorada, de la vuelta a la Ley de la Mordaza y con extras tan detestables a una decisión jurídica como una orden de proveer listas de delegados, y como la publicación de un edicto con el texto de la masacre de 48 páginas.

Independientemente de que formemos parte o no de un sindicato o asociación, todos los puertorriqueños tenemos la obligación de protestar contra la resurrección de la Mordaza. Todos los que hayamos participado de o nos hayamos beneficiado de los casos que restituyeron parcialmente la libertad de expresión en Puerto Rico, tenemos que combatir la decisión a la carta a favor de Aníbal Acevedo Vilá y su política antiobrera, y en contra de los derechos de todos los puertorriqueños.

Si la Comisión del Trabajo en el Servicio Público no reconsidera y revoca su determinación, los custodios judiciales tienen que hacerlo señalando los excesos y desbordamientos de un error craso. Mientras tanto, el pueblo de Puerto Rico tiene que prepararse para resistir esa embestida que hace retroceder al país más de medio siglo.

MAS SABE EL DIABLO POR VIEJO QUE POR DIABLO

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El alcalde del Municipio de Caguas, William Miranda Marín, se ha ofrecido ilegalmente como rompehuelgas contra la Federación de Maestros. Imagino cuáles serán las lecciones que esos pobres estudiantes aprenderán, de convertirse en su auditorio obligado. Veamos algunas de ellas.

• Lección Número 1- Cómo explotar a la clase media trabajadora
• El Alcalde Miranda Marín fue el rey momo de los impuestos para sangrar a la clase media trabajadora pues, como ustedes recordarán, fue el pionero en implantar el famoso ‘sales tax’ de un centavo en su Municipio.

• Lección Número 2- Cómo contribuir a chavar más el ambiente
• Nuestro Alcalde de la ciudad-país nos propuso el fallido negocio de la incineración de basura que terminará por agravar la contaminación ambiental.

• Lección Número 3- Cómo desaparecer la gente de dos Municipios
• El Alcalde hizo gala de su gran sensibilidad al proponernos mudar a los residentes de Vieques o Culebra a la Isla Grande con tal de que la Marina pudiera continuar sus prácticas militares.

• Lección Número 4- Cómo evadir leyes que otorgan aumentos salariales
• Tras aprobarse la Ley que otorgaba un aumento salarial a las profesionales de la enfermería se las ingenió para desacatar el mandato de ley y criticar el aumento aprobado a este sector laboral.
  

Oremos a Dios que estas lecciones, sacadas del Manual de la Listería, no sean las que el señor Alcalde enseñe a nuestros estudiantes, pues será un pobre futuro el que le espera a nuestro Puerto Rico.