Existen miles de establecimientos comerciales en
Puerto Rico donde se apuesta en máquinas de supuesto
exclusivo entretenimiento y en los que se pagan
premios en efectivo.
Se trata de una práctica ilícita que al mismo tiempo
constituye la proclamación a los cuatro vientos de la
mentira institucionalizada por los partícipes y el
Departamento de Hacienda quien conoce de la ilegalidad
de esas apuestaa y las condona a más no poder.
Una vieja tradición colonialista que proclama el
baile, la botella y la baraja como medida de control y
paliativo, se junta con una economía en bancarrota y
una sociedad plagada de jugadores compulsivos para
hacer de la proliferación de los casinos en cada
esquina una dolorosa realidad de facto que lejos de
ser estimulada por el gobierno tiene que ser
combatida.
El Secretario del IVU y de Hacienda admite que hay
decenas de miles de máquinas de entretenimiento que
operan sin marbete de su Departamento de manera
ilegal. También reconoce que en muchas de estas
máquinas, tanto en las que tienen marbete al día como
en las que no los tienen, se efectúan apuestas
ilegales.
Un proyecto de ley muy controvertido fue presentado
en la Cámara de Representantes para legalizar las
apuestas ilegales en 15,000 máquinas conectadas al
Departamento de Hacienda "para ponerlas a pagar por lo
que en ellas se apuesta".
El proyecto que a primera vista llenaba el ojo y
servía al inversionista ambicioso ya fue detenido una
vez en la propia Cámara. No obstante, se dora la
píldora amarga del mismo destinando parte de lo que
sería recaudado para la atención de quienes padecen de
autismo y para parte de lo que costaría ayudar a
liberar del pago de planillas a quienes devengan
ingresos anuales entre 10mil y 20 mil dólares. Una
generosidad tan apabullante como inédita ha despertado
las suspicacias de la opinión pública. Veamos
porqué...
La propuesta legaliza las apuestas ilícitas y la
presencia de lugares de juegos de azar en máquinas en
todas las comunidades de Puerto Rico.
La propuesta estimula el juego improductivo y agravará
la condición de salud de decenas de miles de jugadores
compulsivos que padecen una enfermedad mental que
sitúa en la penuria a económica y sicológica a igual
número de familias.
La propuesta expansiva de los casinos de comunidad
reducirá dramáticamente los ingresos de los casinos
que operan bajo estrictos controles en un número
relativamente reducido de establecimientos todos los
cuales son hoteles. Estos aportan cerca del 70% de los
fondos de la Compañía de Turismo y una partida
sustancial de los fondos universitarios para becas.
La propuesta de los casinos legalizados de comunidad
exponen a toda la población, especialmente a los niños
que no tienen acceso a los casinos a la influencia de
éstos y de las actividades asociadas a los mismos.
Aun cuando la desesperación llevase a contemplar los
casinos comunitarios como un vehículo fiscal, lo
cierto es que ninguno traería empleos adicionales,
sino que atentarían contra las decenas de miles de
empleos que genera el sector turístico. Sabido es que
para que un establecimiento obtenga una licencia de
casino tiene que operar un hotel, crear un número
sustancial de empleos directos y ampliarf la base de
estadía turística aumentndo la oferta de habitaciones.
Atendiendo a la necesidad de facilitar más fondos para
las personas que requieren mayor atención por
diferentes condiciones de salud fue presentado en la
Cámara de Representantes un proyecto tripartita de mi
coautoría (P.de la C. 4074) que redistribuye los
ingresos de las tragamonedas en los casinos para crear
el Fondo de apoyo a Personas con Condiciones Severas
de Salud. La fuente de los ingresos serán las
tragamonedas que están en los casinos de los hoteles
sin legalizar las apuestas que hoy son ilegales en las
decenas de miles de máquinas que están diseminadas en
las comunidades.
El Fondo así creado sería administrado por la Oficina
del Procurador de las Personas con Impedimento con las
debidas salvaguardas y reglamentaciones para dar
acceso a quienes los necesiten y cumplan con los
requisitos. Quién administraría, cómo y bajo cúales
parámetros será uno de los asuntos a tratar durante la
evaluación del P. de la C. 4074.
Aparte de vindicar reclamos legítimos de un sector
frágil de la población, sin exponer a riesgos
adicionales a otro ---el de los jugadores
compulsivos--- el P.de la C. 4074 libra a Puerto
Rico de la lacra de que haya un casino oficializado en
cada esquina con apuestas legales.
El Departamento de Hacienda, las autoridades
policiacas y judiciales deben mientras tanto atajar
los garitos que ya no son ni siquiera clandestinos y
que operan ilegalmente en sus narices. Después de todo
el cumplir y hacer cumplir la ley es tarea que les
corresponde aunque ande el Ejecutivo últimamente a
cámara lenta y con desgano haciéndose de la vista
larga.
Los mercaderes que esperaban vender y administrar las
apuestas de las 15,000 máquinas de la llamada
videolotería harían bien en hacer sus maletas. El país
no los quiere, ni necesita esa clase de inversionismo
que legalizaría un casino en cada esquina.
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