Poderoso caballero es Don Dinero y en la política con “p” minúscula todavía lo es más al punto de ser casi el caballero supremo. Es tan fuerte el poder del dinero que en la evolución civilizada de la Política – con mayúscula – se le teme muchísimo a esa bestia de la inversión económica al punto que se entiende como saludable y necesario su control y domesticación.
De lo anterior surgen las leyes que promueve el financiamiento público de las campañas políticas como un contrapeso a quienes quieren ganar elecciones a fuerza de billetazos promoviendo la privatización del proceso político.
Hay que recordar que los grandes contribuyentes económicos a causas políticas no suelen ser filántropos desprendidos. Son en gran medida eso: inversionistas que pasan factura en su momento pretendiendo obtener beneficios del gobierno al cual han ayudado a elegir a billetazos. Los beneficios de estos inversionistas políticos son harto conocidos y pueden ir desde grandes contratos, pasando por la consecución de créditos y otros beneficios contributivos; hasta la obtención de permisos, licencias y franquicias de enormes rendimientos.
Todo el mundo sabe que tales rendimientos tienen para el erario o para el bien público un enorme costo que siempre se paga por el Pueblo y a veces durante más de una generación.
Hay en este asunto dos visiones del quehacer político que chocan de frente: la de los que creemos en el juego político limpio de que en el proceso debe ganarse voto a voto y la de aquellos que creen en el refuerzo masivo del billete privado.
Los que creemos en el financiamiento público abogamos por campañas políticas cortas, relativamente modestas, con topes de gastos precisos y límites a lo que se puede donar.
Quienes abogan por el financiamiento privado – lejos de querer ahorrarle dinero al fisco como simulan – quieren recaudaciones sin límites, ni topes pues están seguros que pueden levantar mucho más dinero – y ventajas – que lo poco que puede financiarse públicamente y con ello asegurar a Don Dinero como el Caballero Supremo.
Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos aplicables al sistema electoral puertorriqueño por la condición colonial precluyen las prohibiciones absolutas de recaudo y sólo permiten establecer límites “razonables” a la cuantía de los donativos individuales sólo cuando se acogen voluntariamente los partidos a los topes así establecidos.
Los promotores actuales del P. del S. 1234 pretenden borrar el modesto camino de adelanto recorrido hacia la equidad monetaria electoral y proclamar el retorno inmediato al régimen de las cavernas donde aquel que tenga el garrote financiero más grande gane por el dinero y no por su voto. Es retornar absolutamente al sistema de un millonario. Muchos votos, mientras se echa al abismo la posibilidad de que la influencia del millonario sea igual a la del más pobre.
Lo peor de todo es que los promotores de “todo el poder para los millonarios” a la manera de los Republicanos, USA, a rajatabla se aprovechan de la situación ruinosa del erario para disfrazar como si fuera un ahorro lo que en realidad será un préstamo reserva contra el bien público cuando el inversionista le pase factura al partido político o al funcionario electo a billetazos.
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