Durante las últimas semanas, más allá del deseo y de la superficialidad oficialista, se libran manifiesta y públicamente dos luchas de profundas raíces y repercusiones. La Huelga Magisterial y el movimiento “No a la 99” han conseguido acaparar el espacio público de atención aunque el lente de la frivolidad bajo el cual se construye la opinión pública no haya podido rozar siquiera los valores fundamentales que están en juego.
Decir raíces es decir historia, decir repercusiones es hablar del presente y del futuro. Las raíces de la Huelga Magisterial se profundizan en el suelo movedizo de la “educación colonial”, formidable contradicción en términos. Las raíces del movimiento “No a la 99” rebasan por mucho los tiempos del origen del Estado moderno y se adentran a la definición misma de la persona y de la libertad humana.
Nuestro sistema educativo colonial es uno corrupto, politizado e incapaz de cumplir o lograr los objetivos que se traza. El Departamento de Educación es una gran cartera quebrada a dentellazos; es un reproductor ideológico del conformismo y del estancamiento, y un enorme centro del trapicheo de las influencias politiqueras territorialistas. Ha sido así por décadas. Mientras algún Secretario se ha robado el dinero, otros han conseguido matarle la esperanza.
La escuela es un lugar de enormes sacrificios y privaciones, el Distrito Escolar es un enjambre de abusos y arbitrariedades; la Región Escolar encausa y encubre la corriente de ineptitud burocrática, y congela y absorbe cualquier impulso de cambio. El Secretario que lo dirige – llámese como se llame – se posa sobre un cuerpo inerte que aplasta el potencial de gran parte de nuestra juventud y que cercena el enorme recurso creativo que representa el cuerpo magisterial.
De ahí que igualmente aplastante resulten las estadísticas. Cerca de la mitad de los estudiantes no se gradúan de cuarto año. La mitad de los que no han sido abandonados por la escuela no logran adquirir al cabo de los años las destrezas básicas. El Departamento de Educación Colonial como estructura y como órgano cumple fielmente el cometido de perpetuar la dependencia. Cada día de esfuerzo magisterial y estudiantil supone el éxito menguado de algunos y el estancamiento de la mayoría.
Quien haya querido proyectarle al país que la lucha del magisterio es una “pesetera”, ha querido borrar el hecho básico de que los maestros en Huelga luchan por una escuela distinta con condiciones de trabajo, recursos y procedimientos que valoricen y viabilicen la calidad de lo que es para la niñez y la juventud un derecho.
Ese derecho tiene que ser pleno. No puede cifrarse en repetir lo que continuamente fracasa. No puede nutrir el conformismo ni la abulia, ni puede servir para perpetuar un sistema mediocre y absurdo que dilapida potenciales y recursos en su torpe y asfixiante repetición.
Algunos en Puerto Rico claman públicamente por el retorno a la normalidad en las escuelas, como si tal normalización enfrentara de alguna manera los profundos problemas del inerte sistema educativo. Se trata de que no se discuta a fondo el problema central. Se trata de la “normalidad” del sepulcro, pues hace demasiado tiempo que el Departamento de Educación ha ido matando la educación y ha estado robándole a los estudiantes, a los maestros, a las familias y al país, no sólo la esperanza, sino lo que debe ser su proyecto de futuro para ser libre y competir en un mundo difícil.
En la otra orilla del cauce de la discusión pública de estos días está la evaluación que no se quiere que haga la Cámara de Representantes de la Resolución Concurrente del Senado 99. Esta medida de encargo “pastoral” fue aprobada irreflexiblemente por el Senado – con dos honrosos votos en contra, incluido el de mi contraparte del PIP allí, María de Lourdes Santiago – el pasado 7 de noviembre.
La medida no sólo es técnicamente un amasijo de disparates que chocan contra el proceso de enmienda constitucional establecido en el Artículo VII, sino que es además un barrecampo que barrena y dilapida en su diseño estructural y propósito el Artículo II (Carta de Derechos), y que atenta contra varios derechos contenidos allí y contra las garantías básicas del debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y la separación de Iglesia y Estado.
Se trata de un acto de sabotaje de la Cámara de Representantes paradójicamente moralista, para instalar en ese texto doctrinas de fe religiosa. Algo que está proscrito enteramente, no por capricho, sino por dura experiencia histórica de milenios de persecución por razón de pensar la vida, el mundo, a Dios Padre de manera distinta. Se respira la oficialización de la doctrina y el peligro inminente de que se abra la puerta a más división, más discriminación y más persecución. Examínese, a manera de ejemplo, los casos de las cientos de miles de personas que han vivido en concubinato, y en los cientos de miles de hijos producto de esas parejas que podrían se víctimas potenciales contra lo que advertimos.
Los proponentes de la medida sienten que les anima un propósito noble. Sin embargo, en esta materia como en otras, la nobleza de intención contrasta con siglos de desastre histórico.
Es necesario que el calendario politiquero aplanador pre-primarista no se imponga frente al espacio de reflexión urgente para prevenir que la Resolución Concurrente del Senado 99 salga del filtro legislativo. Sería una vergüenza que algo tan divisivo y cáustico a la aspiración democrática sea sacado hacia las urnas. Si tal cosa sucediere, no tenemos duda de que los tribunales lo invalidarán antes de llegar a las urnas. Pero el precedente de aprobarla en el Capitolio sería deshonroso y retrógrado como forma y como contenido.
Ciertamente los eventos de la pasada semana y las dos luchas que hemos reseñado constituyen un espacio de reflexión que debería desarrollarse más allá del frivolizar cotidiano al cual nos condena la co-dependencia colonial.
